Balleza, Chih.- Javier Soto Orduño, abogado del exgobernador César Duarte Jáquez, informó que hasta ayer no habían recibido notificación alguna por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el aseguramiento del rancho La Magdalena, ubicado en el municipio de Balleza.
Fue el jueves pasado cuando trascendió que personal de la FGR y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desplegó un operativo para asegurar dicho inmueble, en el que supuestamente estaban resguardados especies protegidas como bisontes y llamas.
Al respeto, el defensor de Duarte Jáquez refirió que las autoridades no dan aviso previo sobre la realización de diligencias de esta naturaleza, sin embargo sí deben notificarles en caso de que haya aseguramientos, lo que hasta el momento no ha sucedido.
Soto Orduño añadió que como representantes legales del exgobernador revisarán la situación de esta propiedad, para saber si ya había sido incautada durante los procesos de investigación que realizó la administración de Javier Corral Jurado entre 2017 y 2018.
En dicho periodo, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre varias indagatorias en contra del exgobernador por actos de corrupción, mismas que derivaron en el aseguramiento de diversas propiedades en el municipio de Balleza, entre ellos el rancho El Saucito y predio con extensión de 2 mil 344 hectáreas dividido en los ranchos “El Rebaje”, “Mesa de Chávez”, “Agostadero de Moreno” y “Rancho de En Medio”.
Los procesos judiciales contra César Duarte comenzaron el 8 de julio de 2020 cuando fue detenido en Miami, Florida; tras dos años recluido en aquel país, fue extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, por un monto de 96 millones 685 mil 253.
Fue vinculado a proceso en el fuero local por este caso y sometido a prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1 de Aquiles Serdán, del que egresó en diversos momentos por cuestiones de salud hasta lograr su libertad en junio de 2024 debido a que feneció el plazo de la medida cautelar.
Hasta la fecha sigue en espera del juicio oral para determinar si es o no penalmente responsable de los delitos que le imputaron.
Entre mayo y junio de 2025, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) intervino en el racho El Saucito para demoler cuatro presones y una presa construidas ilegalmente.
El lunes 8 de diciembre de 2025 fue reaprehendido por la FGR y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No 1, del Altiplano donde sigue internado de manera preventiva por presuntamente haber lavado 73 millones 925 mil 995 pesos, de los mismos 96. 6 que había desviados del erario estatal a dos de sus empresas, entre 2011 y 2014.
