La diputada de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, manifestó su desacuerdo con las reformas recientes a la Ley de Amparo aprobadas en el Congreso de la Unión, al señalar que dichas modificaciones representan un retroceso en materia de derechos humanos y limitan los mecanismos de defensa de la ciudadanía ante actos de autoridad.
Portillo, representante del distrito de Hidalgo del Parral, expresó que la aprobación de los cambios a la norma se realizó sin el análisis suficiente y sin considerar las voces que advertían sobre las implicaciones de las reformas. “De nueva cuenta estamos viviendo un albazo de la mayoría, bastante criticable, sin análisis pertinente”, declaró.
La legisladora sostuvo que la modificación a la Ley de Amparo implica un cambio estructural en el sistema de protección jurídica de las personas, por lo que consideró necesario un estudio más amplio y la inclusión de especialistas y organizaciones civiles en el debate.
De acuerdo con su postura, la medida puede restringir el acceso a una defensa adecuada frente a decisiones de autoridad que vulneren derechos fundamentales.
Portillo también señaló que las reformas recientes reflejan una dinámica política que, a su juicio, ha priorizado decisiones de corto plazo sobre la atención de problemas estructurales del país. Indicó que los esfuerzos legislativos deben concentrarse en temas de impacto social, como la seguridad, el acceso a servicios básicos y la atención de desastres naturales.
En ese sentido, la diputada criticó que, mientras se discuten cambios legales de amplio alcance, amplias regiones del país enfrentan afectaciones severas por lluvias e inundaciones, así como falta de transparencia sobre el número de personas damnificadas.
“El Gobierno Federal está actuando engañosamente mientras distrae con reformas que reconfiguran nuestra realidad. Casi medio país está bajo el agua y a esto se suma la opacidad en torno al número de víctimas, producto de la negligencia”, señaló.
Asimismo, recordó la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), eliminado durante la pasada administración bajo el argumento de combatir la corrupción. Portillo afirmó que dicha medida ha dejado al país sin un instrumento financiero que permitía responder con rapidez ante emergencias.“El Fonden tenía cerca de 80 mil millones de pesos disponibles para este tipo de emergencias. Hoy, esos recursos no están y nadie sabe dónde quedaron”, comentó.
La diputada consideró que la eliminación del fondo ha complicado la atención de desastres recientes, ya que las autoridades deben recurrir a mecanismos extraordinarios para canalizar apoyos, lo que retrasa la asistencia a las personas afectadas. Subrayó la importancia de recuperar una estructura institucional que permita actuar de manera inmediata ante emergencias naturales.
