Las reformas a la burocracia federal que propuso López Obrador, de aprobarse, cambiarían la relación del Estado con muchos ciudadanos. Además, su proyecto le da prioridad al Estado sobre otros actores, centraliza el poder y aumenta la discrecionalidad, aunque no mejora las capacidades del aparato para resolver los problemas del país.
En las últimas semanas, el gobierno federal presentó dos iniciativas de reforma a la administración pública que implicarían fusiones y eliminaciones de organizaciones federales, cambios muy significativos en la relación del gobierno con los privados y la profundización de los principios obradoristas de austeridad y control político de la burocracia. Este frenesí reformador es un tanto inquietante. Para empezar, las propuestas se están presentando durante la recta final de la administración de López Obrador, lo que sugiere que su intención es implementar cambios con efectos de mediano y quizá de largo plazo. Más problemática aún es la argumentación que se esgrime en las iniciativas. Por ejemplo, nunca se prueba que las organizaciones por fusionar o desaparecer realmente adolezcan de los problemas que se les achaca. Tampoco quedan claros los efectos esperados de la reorganización propuesta, lo que no es nada menor dada la diversidad de temas y poblaciones que se podrían ver afectadas y que incluyen adultos mayores, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades mineras, entre otras.
Pero vamos por partes. El pasado 13 de abril, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma legal que plantea modificar varias disposiciones con la intención de implementar una “simplificación orgánica” a fin, dice el proyecto, de adelgazar la estructura de la administración pública federal, evitar duplicidades y eliminar la dispersión de recursos públicos. Específicamente, se propone la transformación, fusión o eliminación de dieciocho organismos federales desconcentrados o descentralizados, es decir, organizaciones que cuentan con autonomía técnica y, en el caso de los segundos, autonomía de gestión. En la reforma se incluyen, entre otros, organismos tan diversos como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, el Fideicomiso de Fomento Minero, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
Este proyecto de reorganización se presentó tan solo unos días después de otra iniciativa, específicamente la del 28 de marzo. Esta otra reforma propone varios ajustes importantes. Primero, plantea una serie de medidas destinadas a permitir que el Estado anule resoluciones administrativas (como contratos de obra pública o de arrendamiento) en caso de violaciones a las reglas o actos de corrupción. En segundo lugar, se propone un conjunto de medidas orientadas, según argumentan los autores del proyecto, a prevenir actos que perjudiquen el interés público y que puedan dañar las finanzas del Estado. Estas incluyen la posibilidad de revocar unilateralmente actos administrativos, establecer cláusulas mucho más favorables para el Estado en contratos con empresas y personas privadas, favorecer las licitaciones internacionales y homologar límites salariales para altos funcionarios como parte de la austeridad republicana.
La iniciativa de marzo también habla de la asignación preferencial de servicios y proyectos a entidades de la propia administración pública. Esto implica, por ejemplo, que sería preferible hacer obra pública por medio de proveedores públicos (como el Ejército) antes que contratar empresas privadas. Además, introduce el principio de “confianza administrativa”, que sugiere que el gobierno podría comenzar a construir obras públicas o brindar servicios al tiempo que se tramitan permisos y otros procedimientos. Por ejemplo, una construcción que podría afectar irreparablemente el medioambiente podría iniciarse sin tener que esperar a cumplir con la manifestación de impacto ambiental.
En cualquier caso, más allá de los detalles específicos, lo que me interesa, a propósito de estas y otras reformas que se han impulsado en el sexenio, es entender cómo el obradorismo ve a la administración pública y a la reforma administrativa en particular. Pienso que, al observar el panorama completo, podemos obtener una visión más clara del tipo de administración que el presidente y sus aliados tienen en mente. Esto es importante porque las transformaciones de las estructuras y procesos de la administración pública pueden tener implicaciones muy serias para el funcionamiento del Estado y en la vida de las personas y, por ende, es necesario sopesarlas cuidadosamente.
