Chichén Itzá es la zona arqueológica más visitada del hemisferio. Un promedio de 7 mil 500 visitantes diarios la convierte en un punto neurálgico de la península de Yucatán. Su afluente diario casi duplica a Machu Picchu en Perú, la cual está también señalada por una organización privada como “maravilla del mundo moderno”.
La atracción por esta antigua ciudad maya provoca una derrama económica en toda la región del sureste de hasta 20 mil millones de pesos anuales.
Sin embargo, los flujos de personas y económicos también conllevan a la zona de Chichén Itzá a los mismos problemas de una microciudad: ambulantaje, vandalismo, acoso a turistas, desechos industriales, deforestación, lucrativos sindicatos de guías, tráfico de boletos, explotación laboral, expolotación infantil y conflicto de tierras.
En diversos recorridos por la zona arqueológica y sus inmediaciones lo primero que surge a la vista es la saturación y rebase de las instalaciones del llamado parador de acceso al sitio.
Decenas de autobuses estacionados en un largo compás de espera, un estacionamiento congestionado y miles de visitantes que forman un cuello de botella en taquillas y torniquetes.
Asimismo, el transporte público está limitado, una combi de Pisté-Chichén Itzá- Kaua-Valladolid puede demorar en pasar más de una hora y no hay ni bancas para esperar el colectivo.
En este lugar todo está rebasado: baños, estacionamientos, taquillas, puertas de acceso, ambulantaje, indigencia, corrupción y los servicios en general. El tiempo de funcionalidad del parador de acceso hace años concluyó.
En las horas de mayor caos, como si fuera un aeropuerto, están al acecho agrupaciones de guías y comerciantes informales que como halcones se distribuyen de forma estratégica para acechar presas.
Aunque el parador está bajo la administración de la oficina de Cultura adscrita al gobierno del estado de Yucatán es el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) quien al final debe velar por la integridad de los visitantes e impedir la expansión de vicios añejos que hacen incómoda la experiencia para algunos turistas.
Hoy la Guardia Nacional debió hacerse presente al menos en el acceso principal por los conflictos sociales de ejidatarios, regidores del municipio de Tinum (donde está edificada la zona arqueológica) transportistas, comerciantes ambulantes y guías.
