En entrevista para esta casa editora, el presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Juan Carlos Loera, dio a conocer la aprobación de la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la cual se contempla su iniciativa de incrementar las sanciones a quienes decidan introducir armas al país, independientemente de si vienen en partes o completas.
Tal dictamen, aprobado el 1 de mayo por el Congreso de la Unión, regula el control de la posesión y uso de armamento en el país, y establece sanciones por el tráfico ilícito de estos artefactos. En ese sentido, Loera explicó que a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los jueces del Ministerio Público federal podrán consignar a quienes introduzcan armas a México aún si las muestran en partes.
“La introducción de cualquier parte de un arma, cartuchos, ocultos o no ocultos en un vehículo o en el cuerpo, será considerado como delito grave”, reconoció.
Loera indicó que este aporte provocará una disminución en el contrabando de armas, ya que -aseguró- por lo regular quienes se dedican a esta actividad ilícita son reincidentes, y ya han sido amonestados pero no retenidos por sus faltas a la ley.
El senador explicó que este dictamen tiene como antecedente el conflicto armado que vivió Chihuahua durante el 2006 hasta el 2012, donde cerca del 100 por ciento de las armas decomisadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) eran originarias de Estados Unidos y Euro-Asia.
A raíz de ello, dijo, se requería penalizar de forma más dura a quienes se dedicaban al tráfico de armas, pues la cifra de las vidas que se han cobrado en el país es enorme.
Una parte de la problemática es que, a diferencia de México, el gobierno estadounidense no suele regular con mayor dureza la compra y venta de armas en su territorio, un factor que según el legislador, ha propiciado que vendedores estadounidenses se instalen en la frontera norte de México para vender e introducir las armas al país.Recordó que en años pasados, el Gobierno Federal emitió dos denuncias contra fabricantes y vendedores de armas estadounidenses por el daño colateral que han hecho a la sociedad mexicana al no regular la producción de este tipo de artefactos, casos que no han prosperado debido a las enmiendas que protegen a los estadounidenses para portar y transportar armas.
“Es como si tuvieran un fuero ante la ley, los vendedores de armas, no pueden ser demandados. Lo que el gobierno de México discutía es que esa norma no podía tener extraterritorialidad, en nuestro país es donde se ha hecho el daño”, lamentó.
Según el dictamen aprobado, se establece una pena de 20 años de prisión a quienes fabriquen, transporten, posean, porten, comercialicen, transfieran la posesión o hagan uso de artefactos explosivos improvisados, como bombas caseras o drones explosivos. A su vez, señala que la sentencia aumentará hasta 50 años cuando se cometa con fines de delincuencia organizada.
También las reformas refieren prisión de cuatro hasta ocho años a quien realice cualquier tipo de modificación o alteración de un arma. Estos cambios tuvieron el respaldo de la Secretaría de Defensa y de las fuerzas políticas del Senado, por la importancia del tema.
Así mismo, se establece que los ejidatarios, comuneros y jornaleros podrán tener en sus domicilios varias armas, como escopeta de cualquier calibre, excepto las de cañón de longitud inferior a .635 milímetros y las de calibre superior a 18.5 milímetros.
