Seul, Corea del Sur.– Cuando un centenar de investigadores criminales y agentes de policía entraron el viernes por la mañana a un complejo ubicado en una zona boscosa del centro de Seúl, intentaban lograr algo que nunca antes se había hecho en Corea del Sur: detener a un presidente en funciones.
Primero, atravesaron dos bloqueos formados por vehículos aparcados y personas. Luego, cuando se acercaron a menos de 200 metros del edificio donde se creía que estaba refugiado el presidente Yoon Suk Yeol, se encontraron cara a cara con una barrera aún más grande: 10 autobuses y coches junto con 200 soldados de élite y guardaespaldas pertenecientes al Servicio de Seguridad Presidencial de Yoon. Mientras los investigadores intentaban en vano abrirse paso y presentar una orden judicial para llevarse a Yoon, se produjeron pequeños altercados.
Se permitió a tres fiscales acercarse al edificio. Pero ahí los abogados de Yoon les dijeron que no podían entregar la orden porque había sido emitida “ilegalmente”, según funcionarios que informaron a los medios de comunicación sobre lo ocurrido dentro del recinto.
Superados en número, los 100 funcionarios se retiraron tras una confrontación de cinco horas y media.
