Impulsada por el presidente Emmanuel Macron, la ley de inmigración en Francia fue promulgada después de ser suavizada por el Consejo Constitucional. Este organismo, en una decisión emitida el jueves pasado, censuró las medidas más rigurosas propuestas por la derecha durante la negociación parlamentaria.
Publicada la pasada noche en el Boletín Oficial del Estado, la ley podrá así entrar en vigor sin algunos de los artículos controvertidos excluidos por los jueces, quienes alegaron inconstitucionalidad de algunas medidas, pero sobre todo defectos de forma (medidas que no tendrían lugar en una ley migratoria).
De este modo, quedan fuera de la norma actual la creación del delito de estancia irregular, el endurecimiento del acceso a las prestaciones sociales o el establecimiento de cuotas migratorias anuales.
Tampoco han sido incluidas las restricciones al reagrupamiento familiar, la imposición de una fianza a los estudiantes extranjeros como garantía de que saldrán del país o las restricciones al llamado derecho de suelo en la adopción de la nacionalidad francesa.
La ley promulgada por Macron, que corresponde en gran parte al proyecto de su Gobierno, sí que contempla medidas para acelerar la salida de extranjeros delincuentes y también un dispositivo, muy polémico entre la derecha, para regularizar a inmigrantes irregulares que ocupen puestos considerados en tensión.
