La incertidumbre se mantiene entre decenas de familias que habitan en los asentamientos ubicados junto a la frontera en Anapra, donde recientemente fueron demolidas varias viviendas y persiste el temor de que las autoridades continúen con nuevos desalojos para liberar la franja contigua al límite internacional.

Vecinos del sector señalaron que, durante los operativos realizados en semanas recientes, se les informó que el objetivo es despejar por completo el área ubicada a un costado de la barrera fronteriza, por lo que existe preocupación entre quienes aún permanecen en las manzanas aledañas y desconocen si sus viviendas serán intervenidas en el futuro.

Una mujer que reside en una casa contigua a una de las construcciones demolidas relató que inicialmente se contemplaba derribar varios inmuebles de la cuadra, incluida la vivienda que actualmente renta y otra propiedad de su suegra, ambas ubicadas a pocos metros de la frontera.

La entrevistada, quien pidió reservar su identidad, explicó que llegó al lugar hace aproximadamente seis meses y aseguró que el propietario del inmueble cuenta con documentación relacionada con la posesión de la vivienda, por lo que desconocen cuál será la situación legal de quienes aún habitan en el sector.

“Nos dijeron que iban a tumbar varias casas más, entre ellas donde vivimos nosotros, pero después ya no regresaron. Ahorita nadie sabe qué va a pasar”, comentó.

La vecina señaló que incluso existen viviendas que continúan siendo rentadas en la zona pese a la incertidumbre generada por los operativos. Agregó que algunas de las familias afectadas por las demoliciones recibieron la propuesta de ser reubicadas en predios de la colonia Juanita Luna, aunque varios de los habitantes siguen esperando la asignación formal de terrenos.

Mientras tanto, algunas personas que perdieron sus viviendas permanecen en el mismo sector alojadas temporalmente con familiares o conocidos, en espera de una solución definitiva.

También indicó que varios de los propietarios afectados iniciaron procedimientos legales al considerar que cuentan con documentos que respaldan la posesión de los predios y buscan obtener una compensación por las construcciones demolidas.

Recordó que durante los operativos participaron elementos de la Policía Municipal, personal de distintas dependencias del Gobierno Municipal y efectivos del Ejército Mexicano, quienes acudieron con maquinaria pesada para intervenir las viviendas.

“Llegaron tocando puertas muy fuerte, como si estuvieran buscando delincuentes. Mucha gente se asustó”, relató.

La residente aseguró además que durante una de las intervenciones hubo preocupación entre las familias debido a que algunos menores se encontraban solos en sus viviendas mientras sus padres trabajaban. Según dijo, autoridades plantearon la posibilidad de canalizarlos al DIF, situación que generó inquietud entre vecinos y familiares.

Relacionan construcciones con tráfico de migrantes

Por su parte, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar afirmó que las acciones emprendidas en la zona obedecen a la necesidad de combatir actividades relacionadas con el tráfico de migrantes y otros delitos vinculados a la frontera.

El alcalde señaló que algunas construcciones levantadas en el lugar representaban un problema de seguridad debido a su cercanía con la barrera internacional.

“Había una casa, recuerdo, esa ya se demolió, que estaba prácticamente del tamaño del muro. La verdad es que sí es un tema que, poniéndose a pensar un poco también del lado de los vecinos, era prácticamente una provocación para cometer un acto ilegal”, expresó.

Añadió que, de no haberse intervenido, el Gobierno Municipal habría permitido de manera indirecta condiciones que favorecían actividades ilícitas en esa zona.

“Si nosotros no hubiéramos actuado, de alguna manera estábamos consintiendo ese acto ilegal. Entonces entiendo que esto va a seguir, por supuesto”, declaró.

Pérez Cuéllar explicó que en los operativos participan de manera coordinada la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Asentamientos Humanos, entre otras dependencias.

Reconoció que las medidas afectan a familias que habitan en el sector, por lo que aseguró que el Municipio contempla mecanismos de apoyo para quienes deban abandonar el área.

“La idea es apoyarles, no afectar a las familias; y mantener una relación de colaboración estrecha con Estados Unidos en temas relacionados con el tráfico de migrantes y los delitos migratorios”, señaló.

El alcalde reiteró que ninguna de las construcciones intervenidas contaba con permisos oficiales ni se encontraba contemplada dentro del Plan de Desarrollo Urbano.

“Todo lo que se hizo ahí fue irregular. No había ningún tipo de permiso y no está dentro del plan de desarrollo urbano”, afirmó.

Mientras las autoridades sostienen que las acciones continuarán para recuperar la franja fronteriza, los habitantes de Anapra permanecen a la espera de conocer si sus viviendas serán las siguientes en la lista de desalojos y demoliciones.